A raíz de varios problemas recientes, el tema de la protección constitucional al trabajo legislativo ha sido severamente cuestionado por la opinión pública. Hay quienes en un afán populista, casi inquisidor, vociferan sin reflexión, también sin conocimiento del tema, agregaría, por que desaparezca fuero constitucional. Otros, los más prudentes, piden se revise y modernice esta figura constitucional. Recientemente El candidato del PRI a la presidencia de la república, José Meade, presento un proyecto de iniciativa para desaparecer el fuero. Sus asesores se equivocan nuevamente, la gente no aceptara iniciativa como una acto genuino, sino como una estrategia para ganar votos. Populismo puro, sin analizar la significación de esta institución y solo porque lo ha pedido la COPARMEX y en las redes sociales lo critican permanentemente , mas como una forma de mostrar su enojo frente al poder que por conocimiento de esta institucion Nuestra Constitución tiene un diseño , una ingeniería constitucional que debe respetarse, las instituciones políticas que hay en este diseño estan correlacionadas entre si.

La ingeniería constitucional, es una tema de expertos, de constitucionalistas, es irresponsable responder a presiones populares sin analizar el diseño constitucional. Ciertamente hasta el nombre te choca, “fuero”, porque de inmediato lo asocias con privilegios e impunidad. La protección procesal que gozan los legisladores y que malamente se le conoce como fuero, no implica que, si verdaderamente un legislador ha cometido un delito antes o durante su cargo, no pueda ser castigado. La razón histórica de esta institución es proteger a los representantes del pueblo de los excesos del Ejecutivo, quien para evitar el trabajo de los legisladores, los hostigue inventándoles delitos o mandándolos a detener sin pruebas, Este es el espíritu que históricamente impulso el establecimiento de esta garantía a los legisladores, pues en la antigüedad , cundo un monarca no le gustaba lo que estaban haciendo los representantes del pueblo, o bien no seguían sus instrucciones, los mandaba detener.

En México, la Constitución, desde la Reforma de 1983, establece la declaración de procedencia en contra de los legisladores federales, que consiste en que si miembro de este Poder, incurre en un posible delito, antes o durante se mandato, el ministerio publico solicite a la Cámara de Diputados, el inicio de un procedimiento para analizar si un legislador cometió un delito. Si la Cámara encuentra evidencias que presuman que existe un probable delito, sin que prejuzgue el caso, es decir, sin que su resolución obligue con posterioridad a un Juez a sentenciarlo, deberá remover la protección procesal para que las autoridades jurisdiccionales lo juzguen. Los casos de López Obrador y el hermano de Leonel Godoy, Ex gobernador de Michoacan, son dos casos extremos de lo que esta importante figura representa. En los dos casos, se utilizo la acusación penal, para logros político, en el primero para debilitar a el más fuerte candidato de entonces a la presidencia de México y, el segundo, para debilitar al PRD en Michoacán y permitir el triunfo de la hermana de Calderon, Maria Luisa, quien era la candidata del PAN al gobierno de Michoacan. No estoy a favor de la impunidad , ni tampoco de proteger a quienes cometen un delito, pero nuestro sistema de justicia penal, sobre todo el de carácter local, pero también en el federal, sobre todo en la utilización de la PGR, por motivos políticos, funciona a través de consignas del Ejecutivo en turno, esto implica en la práctica, que no es posible confiar en la investigación penal del ministerio publico ni en la sentencia de los jueces penales , sobre todo locales, , de ahí la importancia de tres figuras de la defensa constitucional, el amparo, la acción de inconstitucionalidad y la protección especial procesal de los legisladores, pues sin estas dos instituciones la injusticia penal prevalecería en nuestro país. Por ello no debe desaparecer el mal llamado fuero constitucional de los legisladores, pues dejaríamos en desventaja a estos frente al ejecutivo, lo cual aumentaría la desproporción de poder político a favor de Ejecutivo, con lo cual el sistema constitucional de pesos y contrapesos dejaría de funcionar y estaríamos provocando una enorme falla en nuestro sistema de libertades, pues a nadie conviene una Presidente o Gobernador todopoderoso, capaz de doblegar a través de la amenaza y la coerción a los hacedores de la Ley.

Desgraciadamente las acciones recientes del los PRI abonan al desprestigio de esta institución, al proponer como legisladores, a varias personas que han sido señalados por la opinión publica como corruptos. La opinión publica esta criticando este hecho, lo que hace mas claro la exigencia en su desaparición. Los asesores del Presidente Peña, quien es el que esta atrás de estas designaciones, piensan, ingenuamente, que esta protección los puede salvar de su castigo si se les encuentra culpables de corrupción por el nuevo gobierno, que de acuerdo a las encuestas actuales no sera del PRI. Quiero recordarles, que suponiendo que no le pudieran quitar el fuero a un legislador corrupto, terminando su periodo podría ser juzgado sin ningún problema, es decir el fuero es una protección temporal que termina con el cargo. De ahí que la protección procesal a los legisladores debe permanecer, aunque con ciertas reformas que agilice su tramite y no se congele eternamente en la subcomisión de examen previo de la Cámara de diputados o en la de Régimen Parlamentario. Hace tres años redacte al grupo parlamentario del PES, una iniciativa de reformas al procedimiento de declaración de procedencia (fuero), la iniciativa no lo eliminaba la protección constitucional, sino que hacia totalmente sencillo la remoción de esta protección, para que cualquiera que cometiera un ilícito, pueda ser juzgado de inmediato, sin importar su carácter de legislador o funcionario publico. Nunca se analizo. Tal vez ahora que lo solicito Meade puedan analizar también esta iniciativa.

Publicado el día Martes 20 de Marzo de 2018.